Preguntas frecuentes

Sí. El Centro de Conciliación de la Asociación Reconciliemos Colombia está autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante la Resolución 0324 de 2017, y para procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante mediante la Resolución 1430 de 2020. Está vigilado por ese ministerio.

Nuestra sede está en la Carrera 16 No. 80-11, Oficina 701, en Bogotá. Atendemos presencialmente y también realizamos audiencias virtuales por Google Meet para personas en cualquier parte del país o del exterior.

Las tarifas de los centros de conciliación están reguladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y dependen de la cuantía y el tipo de trámite. Escríbanos por WhatsApp y le informamos el valor exacto para su caso.

Puede enviarnos su solicitud por correo electrónico a secretaria@reconciliemoscolombia.com, escribirnos por WhatsApp o acercarse a nuestra sede. Le orientamos sobre los documentos necesarios.

Se expide una constancia de inasistencia. Si la conciliación era requisito para demandar, con esa constancia puede acudir al juez. La inasistencia injustificada puede considerarse indicio grave en contra de quien no asistió y dar lugar a multas, conforme a la Ley 2220 de 2022.

Sí. El acta con el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo: si una parte incumple, la otra puede exigir el cumplimiento directamente ante un juez.

Sí. La Ley 2220 de 2022 permite adelantar la conciliación por medios digitales. Realizamos audiencias por Google Meet con plena validez.

No es obligatorio. Puede asistir personalmente; si lo desea, puede hacerlo acompañado de su apoderado.

Según el artículo 538 del Código General del Proceso, modificado por la Ley 2445 de 2025, está en cesación de pagos quien incumple por más de 90 días dos o más obligaciones con dos o más acreedores, o tiene en su contra dos o más procesos de cobro, siempre que esas obligaciones representen al menos el 30 % de su pasivo total. Basta su declaración bajo juramento.

No. Desde la aceptación no pueden iniciarse nuevos procesos de cobro, se suspenden los que estén en curso (incluidas medidas cautelares pendientes) y se suspenden los descuentos de nómina y por libranza, excepto los de alimentos (art. 545 CGP, modificado por la Ley 2445 de 2025).

El conciliador remite el expediente al juez civil para la liquidación patrimonial: los bienes del deudor se adjudican a los acreedores según la prelación legal y los saldos que queden sin pagar se convierten en obligaciones naturales, que ya no pueden cobrarse judicialmente.

Sesenta (60) días desde que queda en firme la aceptación de la solicitud, prorrogables por treinta (30) días más a petición conjunta del deudor y un acreedor. Para el pequeño comerciante puede prorrogarse hasta por otros noventa (90) días con mayoría de votos.

No. La Ley 2445 de 2025 establece que ningún empleador o contratante puede tener en cuenta negativamente que un trabajador, contratista o aspirante esté tramitando un procedimiento de insolvencia.

No. La Ley 1996 de 2019 eliminó la interdicción de personas mayores de edad por razón de discapacidad y presume su capacidad legal plena.

Máximo cinco (5) años. Al vencer, puede celebrarse un nuevo acuerdo.

Una o varias personas naturales mayores de edad, o personas jurídicas, que la persona titular elija por ser de su confianza.

Es un documento en el que una persona mayor de edad deja establecidas, de manera anticipada, decisiones sobre asuntos de salud, financieros o personales, para que se respeten si en el futuro no puede expresar su voluntad.